El Gobierno peruano presentó mapa del límite marítimo
Carta se adecúa al fallo de La Haya. Presidente señala que límite terrestre se inicia en el Punto Concordia. "No hay otro"
El presidente Ollanta Humala
suscribió hoy un Decreto Supremo que establece la Carta de Límite
Exterior –sector sur– del dominio marítimo del Perú. Esta carta recoge
lo que estableció la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya el 27 de enero de este año. "Esta carta también señala clara y explícitamente que el
inicio de la frontera entre Perú y Chile es el Punto Concordia, no hay
otro", aseguró el presidente en la ceremonia que se realizó en el Salón Cáceres de Palacio de Gobierno.
"Este es un trabajo que tenemos que agradecer al personal técnico,
cartógrafos, al personal de la Marina de Guerra del Perú, al personal de
la Cancillería, y al buen entendimiento que hemos venido sosteniendo
para que esta Comisión Mixta Binacional haya logrado rápidamente la
determinación de las coordenadas que hoy día permiten cerrar la frontera
sur con Chile", precisó.
En la ceremonia participó el ministro de Relaciones Exteriores
Gonzalo Gutiérrez, de Defensa Pedro Cateriano y el comandante general de
la Marina, Carlos Tejada.
Martes 19 de agosto del 2014 | 23:59
Chile expresa su reserva por mapa peruano del límite marítimo
Santiago refiere que la representación del punto final de la frontera terrestre no se deriva del fallo de La Haya
El canciller chileno Heraldo Muñoz leyó el comunicado del
Gobierno de Chile en el que expresó su reserva por la nueva mapa límite
marítimo del Perú. (Foto: AP)
Santiago (AP) Chile hizo una "expresa reserva" frente a la nueva Carta de Límite Exterior –sector sur– del dominio marítimo del Perú, que
fija como punto final de la frontera terrestre el Punto Concordia y no
el Hito 1, como indica el tratado limítrofe de 1929 y los acuerdos
bilaterales de 1930.
Un comunicado leído esta noche por el canciller chileno Heraldo Muñoz
señala que Chile “hace expresa reserva en lo que atañe a la
representación del punto final de la frontera terrestre entre ambos
países, que no se deriva del fallo de la Corte Internacional de Justicia” de febrero del 2014.
La nota agrega que la frontera terrestre marcada por el Perú tampoco se deriva de “una adecuada interpretación del Tratado de 1929 y los acuerdos que llevaron a materializar el límite terrestre en 1930”.
Perú aspira a un triángulo de 3,5 hectáreas de terreno que se forma entre el Hito 1, donde nace el paralelo limítrofe, y el Punto Concordia,
que para el Perú es el punto donde empieza la frontera en tierra. La
carta peruana muestra como inicio de su frontera sur el Punto Concordia
y, por tanto, el triángulo terrestre.
El Estado Peruano desconoció el 2008 los límites marítimos con Chile y
demandó al país ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La
Haya, que el 27 de febrero pasado fijó una nueva frontera en el mar,
que significó que Santiago traspasara a Lima 22 kilómetros cuadrados de
su zona económica exclusiva.
La demanda peruana no hizo mención alguna a la frontera terrestre y
el tribunal enfatizó que el límite marítimo parte del Hito 1, con un
paralelo que se extiende 128 kilómetros (80 millas) mar adentro, y no
200 kilómetros, como decía Chile, y desde allí nace una línea
equidistante hasta un punto marcado en el mar por los jueces.
Para Chile, el triángulo terrestre es incuestionablemente chileno.
El comunicado chileno enfatiza que en su demanda que el “Perú nunca
sostuvo que existiría una diferencia entre el inicio del límite marítimo
y el punto final del límite terrestre entre Chile y Perú”.
Recuerda que la corte de La Haya no se pronunció sobre la frontera
terrestre y que en la Carta de Límite Exterior presentada por el Perú
“se abordan materias que exceden lo dispuesto en aquel fallo” y lo
acordado por un grupo bilateral de trabajo que implementó el citado
fallo. La nota reitera la voluntad de Chile “de trabajar conjuntamente
con el gobierno del Perú en el pleno cumplimiento del aludido fallo de
la Corte Internacional de Justicia”.
No caben forzadas fraternidades ante este caso artificioso de los bolivianos
Hugo Guerra
Periodista
La demanda presentada
por Bolivia contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia es un
despropósito jurídico en el cual el Perú no debe involucrarse.
Tras la infausta Guerra del Pacífico
(en la cual los bolivianos arrastraron a nuestro país y de la cual se
separaron vergonzosamente cuando todavía seguían los combates), Bolivia
perdió Antofagasta, con unos 120.000 kilómetros cuadrados de territorio y
400 kilómetros de costa. En 1884 (un año después del Tratado de Ancón)
las relaciones chileno-bolivianas se restablecieron por el Pacto de
Tregua. En 1904 esos dos países suscribieron su Tratado Definitivo de
Paz y Amistad. Sin embargo, en el ínterin, entre 1895 y 1896 La Paz y
Santiago intentaron acuerdos, finalmente frustrados, para que los
bolivianos se apoderaran de Tacna y Arica en caso de que Chile se
asegurara la definitiva posesión de dichas provincias peruanas por
entonces cautivas.
En 1929 el Tratado de Lima, que devolvió Tacna a la peruanidad,
estableció en su protocolo complementario que los gobiernos del Perú y
de Chile no podrán, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera
potencia la totalidad o parte de los territorios que quedan bajo sus
respectivas soberanías. Por eso la solución a la mediterraneidad
boliviana es inviable salvo que los chilenos cedan parte de su propio
territorio, tal como se pudo concluir tras el también frustrado Acuerdo
de Charaña de 1975 entre Banzer y Pinochet.
De 1978 a inicios del 2000 las relaciones chileno-bolivianas se
degradaron. En el 2006 se estructuró una agenda ya estancada de 13
puntos, entre los cuales destacaron la eventual provisión de gas para
Chile y la exploración de una nueva fórmula de salida al mar y la nueva
frustración ha determinado que el gobierno de Evo Morales
finalmente presente una demanda ante la CIJ. El reclamo histórico
apunta a conseguir un “acceso soberano y útil al Pacífico sin
compensación territorial” y exige que exista una “obligación de buena
fe” de negociar una salida soberana al mar, sobre la base de
ofrecimientos anteriores.
Es cierto que en 1979 la ONU aprobó una resolución que insta a tal
negociación, pero jurídicamente el Pacto de Bogotá impide que las partes
se refieran a temas resueltos antes de 1948; y sería grave que la CIJ
revisara el tratado de 1904 por temas jurisdiccionales porque las
fronteras solo pueden modificarse de común acuerdo y no coactivamente.
Además, fuera de su emotividad, son irrelevantes jurídicamente las
declaraciones paceñas respecto a que dicho tratado fue “injusto,
ilegítimo, impuesto e incumplido”. Chile, además, tiene hasta febrero
del 2015 para presentar su contramemoria en este caso, sustantivamente
diferente al diferendo marítimo ya sentenciado peruano-chileno.
El Gobierno de Lima debe, frente a esto, mantenerse absolutamente al
margen porque, salvo cautelar que no se afecte nuestra soberanía en los
términos establecidos en 1929, la imparcialidad y el prudente
escepticismo deben ser nuestra norma. Recordemos, a propósito, que
arteramente Evo Morales consideró que nuestra causa de delimitación
marítima era una manipulación “para afectar una de las posibles
soluciones a nuestro pedido histórico”. No caben, pues, forzadas
fraternidades ante este caso artificioso de los bolivianos.
